Según consta en la denuncia, dada a conocer por la policía civil local, el episodio ocurrió en pleno horario nocturno, en la zona sur de la ciudad. Los hechos se habrían desencadenado a partir de una discusión sobre el pago de la cuenta en un bar.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios locales, la mujer, identificada como Agostina Paez, estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Cuando se estaban por ir, un empleado del local detectó un error en la factura y fue entonces que comenzó la discusión.
De acuerdo a la información difundida por las autoridades de Río de Janeiro, Paez dirigió insultos y gestos ofensivos de contenido racial al empleado, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.
El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la joven argentina y la imposición de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas. De acuerdo con G1, la abogada acudió a prestar declaración y recibió ambas medidas cautelares este sábado, tras comparecer ante la autoridad judicial.
La investigación, liderada por la Policía Civil, se centra en determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Los registros de cámaras y los testimonios recabados forman parte de las pruebas que respaldan la causa. Las autoridades ratificaron que la acusada permanecerá bajo monitoreo electrónico y sin la posibilidad de abandonar Brasil mientras se resuelve su situación procesal.
El caso generó un amplio debate en medios y redes sociales, reactivando el reclamo social contra el racismo en Brasil. Según Diário da Guanabara, la Justicia impuso las medidas cautelares como respuesta inmediata al incidente y en consonancia con la legislación contra los delitos de odio. El sistema judicial brasileño prevé sanciones severas para este tipo de conductas, consideradas inaceptables tanto en el marco legal como en el orden social.
Las autoridades confirmaron que la investigación continuará durante las próximas semanas. La defensa de la acusada no respondió a los pedidos de declaración realizados por los medios, y hasta el momento no se informó sobre la existencia de antecedentes en su contra.
El Gobierno de Javier Milei dispuso la disolución definitiva del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El organismo fue creado en 1995 con el objetivo de “elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin” en la Argentina.
El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo cuya órbita funcionaba el organismo, informó a través de un comunicado que a partir de ahora “quien quiera hacer una denuncia debe realizarla en la Justicia”. Sin embargo, organizaciones de la diversidad sexual advierten sobre las dificultades para afrontar el proceso judicial.
FUENTES: Noticias Brasil – Chequeado
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