Un arquitecto, un contratista y un inversor de una obra de lujo en Nordelta fueron detenidos por explotación laboral. Los arrestaron tras el hallazgo de 24 trabajadores en condiciones precarias en un exclusivo desarrollo inmobiliario. Además, un cuarto sospechoso permanece prófugo.
Un arquitecto, un contratista y un inversor fueron detenidos tras un operativo realizado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en construcción en la zona de Nordelta, en el partido de Tigre, donde la Dirección General Impositiva (DGI) descubrió a 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral. Además, en el marco de la investigación, un cuarto sospechoso permanece prófugo.
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Según informaron fuentes oficiales, la mayoría de los obreros, provenientes de la provincia de Salta, vivían en condiciones precarias y trabajaban largas jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a sábado, sin estar registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la causa también interviene la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.
El procedimiento tuvo lugar en Delta Center, un complejo de lujo que se promociona con 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, ubicado sobre la ruta 27, frente a la entrada al Golf de Nordelta, en Rincón de Milberg.
Durante el operativo, se verificó que los trabajadores no solo “recibían salarios muy bajos”, sino que también “se les restringía la libertad de movimiento”, agregaron las fuentes.
Un caso de negligencia particular fue denunciado por uno de los obreros, quien sufrió un grave accidente con una amoladora y aseguró que el contratista le impidió recibir atención médica en un hospital.
Como resultado de las tareas de fiscalización, fueron arrestados tres de los cuatro presuntos responsables del emprendimiento: el arquitecto, el contratista y un inversor. En tanto, otro inversor cuenta con un pedido de captura y es buscado por las autoridades.
La DGI, junto con el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte de la DGI – ARCA, llevó a cabo el allanamiento con la colaboración del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
También participaron como auxiliares de la Justicia efectivos de la Policía Federal Argentina, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre.
Las declaraciones de los trabajadores fueron documentadas en actas para ser analizadas por los investigadores, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y proceder con las acciones legales correspondientes.