Una pareja fue condenada por explotar durante años a una mujer y deberá pagarle $90 millones. La víctima, de nacionalidad boliviana, trabajó en locales de indumentaria de bajo extensas jornadas, aislamiento, control de sus comunicaciones y pagos irregulares.
Una pareja fue condenada a ocho años de prisión por explotar laboralmente a una joven, oriunda de Bolivia, durante tres años en comercios de Santa Cruz. El Tribunal Oral Federal condenó a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo y ordenó que ambos paguen $90 millones a la mujer damnificada.
La sentencia fue dictada por el juez Mario Reynaldi, quien intervino de manera unipersonal. La pareja, también de nacionalidad boliviana, fue considerada coautora del delito agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por la concreción de la explotación, que se extendió entre octubre de 2015 y octubre de 2018.
La mujer trabajó en comercios de indumentaria que los condenados tenían en Río Gallegos y Gobernador Gregores. Según se expuso durante el juicio, realizaba tareas en los locales y labores domésticas, bajo condiciones de control que limitaron su autonomía y su contacto con el entorno familiar.
El tribunal fijó una indemnización de $90 millones por daño emergente, lucro cesante y restitución al estado anterior al delito. La medida respondió al pedido del fiscal federal Gastón Franco Pruzan y de la auxiliar fiscal Virginia Haggi, integrantes del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos.
Durante su alegato, Franco Pruzan había solicitado $91.214.946,48. El monto incluía $2.323.246,48 por el beneficio económico obtenido de manera ilícita, $53.891.700 por lucro cesante y $35 millones por consecuencias no patrimoniales.
El fiscal sostuvo que la reparación debe abarcar los ingresos retenidos, las pérdidas personales y el impacto sobre los derechos personalísimos y el proyecto de vida de las víctimas de trata. También pidió identificar los bienes registrables de los condenados mediante un incidente de recupero de activos para garantizar el pago.
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El inicio de la causa
La investigación comenzó tras una denuncia anónima presentada el 11 de octubre de 2018. El aviso se originó luego de que la víctima buscara ayuda durante una visita de funcionarios del Consulado de Bolivia a Río Gallegos, con el objetivo de renovar su cédula de identidad.
De acuerdo con su declaración, la pareja la llevó a la Argentina el 17 de octubre de 2015 con la promesa de un empleo y una remuneración de 2.500 pesos bolivianos. Había viajado junto con un primo, quien también iba a trabajar para los acusados, pero regresó a Bolivia dos meses más tarde por las condiciones de control a las que era sometido.
La mujer permaneció en Gobernador Gregores, donde trabajaba en dos locales de venta de ropa y limpiaba la vivienda de los empleadores. Declaró que cumplía jornadas que podían ir desde las 6 hasta la medianoche, que era encerrada cuando el hombre se retiraba y que le habían quitado el teléfono celular.
En 2017 fue trasladada a Río Gallegos para trabajar en otro comercio. Allí cumplía tareas de lunes a sábado, con horarios de 9 a 13 y de 16 a 21, además de labores domésticas. Indicó que recibía cerca de $2.000 mensuales, sin recibo y en un solo pago anual.
Según la acusación, los imputados también la obligaron a firmar el contrato de alquiler del negocio y a abrir una cuenta en el Banco Nación. La víctima afirmó que aceptó ante la amenaza de ser enviada a Bolivia, donde vivían sus padres en una situación económica precaria.
El fiscal señaló que los condenados se aprovecharon de factores como la interrupción de la escolaridad de la víctima, antecedentes de violencia familiar, carencias económicas y su condición migratoria. La joven tenía 19 años cuando ingresó al país.
La acusación sostuvo que Choque Laura supervisaba sus actividades, revisaba sus pertenencias y limitaba sus salidas. También se expusieron mensajes hallados en teléfonos secuestrados, que mostraban intentos de familiares de la mujer por comunicarse desde Bolivia y acciones para impedir o demorar esos contactos.
En 2018, la víctima fue trasladada otra vez a Gobernador Gregores. Allí, según relató, le quitaron el teléfono y la documentación, y le impedían hablar con su familia. Una clienta del local le prestó su celular para que pudiera contactarse con la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz.
FUENTES: Fiscales.gob – DIV- TRATA DE PERSONAS DE SANTA CRUZ – INFOBAE
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