Un estudio de la organización CAREF, publicado el 21 de septiembre, advierte que los nuevos requisitos económicos complican la renovación de documentos para los migrantes. Muchas familias de la comunidad enfrentan barreras para mantener su situación regular, a pesar de aportar con su trabajo todos los días.
El pasado 21 de septiembre, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentó su informe «En Foco N° 2», un documento que analiza qué pasó con los trámites de residencia en Argentina a un año de la implementación del DNU 366/2025. La investigación se realizó a partir de tres pedidos de acceso a la información pública a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de las consultas recibidas en el Servicio Social de la organización.
Según los datos recabados, el mayor problema en la actualidad es que se exige demostrar «medios económicos suficientes para subsistir en el país». Para cumplir con esto, la Dirección Nacional de Migraciones limita los medios de prueba al trabajo formal, pidiendo recibos de sueldo, constancias de pago de monotributo o certificaciones contables. El documento aclara que este pedido no refleja con la realidad del país, ya que el 43% de las personas ocupadas en Argentina trabaja de manera informal.
El impacto de estas nuevas reglas se ve de forma clara en las estadísticas. En la primera mitad del año 2025, antes del DNU, se entregaban más de 24.000 residencias permanentes por semestre. En el mismo período del año 2026, ese número bajó a cerca de 8.000 aprobaciones.
Además, el análisis advierte sobre una práctica que afecta directamente la gestión de los trámites: aunque el DNU establece el requisito económico solo para la residencia permanente, la Dirección Nacional de Migraciones exige acreditar eso para renovar cualquier tipo de residencia, incluso la temporaria. Al no haber una reglamentación clara a más de un año de la sanción de la norma, el informe alerta que miles de personas corren el riesgo de pasar de la regularidad a la irregularidad migratoria sin estar avisados hasta que les llegue una notificación.
Quienes deseen leer el trabajo completo para orientarse o compartirlo con espacios que trabajan en políticas migratorias y acceso a derechos, pueden acceder al material a través de este enlace: https://caref.org.ar/en-foco-n2/.
A modo de cierre, el informe de CAREF es contundente respecto a las consecuencias de estas medidas y concluye: “La irregularidad daña a las personas, a las familias y a la comunidad. También daña al Estado y a sus instituciones. El Estado genera la irregularidad migratoria. Es responsabilidad del Estado resolverla”.
