A días del juicio y con temor a la deportación: el drama de un padre boliviano
Vicente Mamani Sacaca está imputado por presunta trata de personas y explotación laboral. A menos de tres semanas del juicio oral, se quedó sin representación legal, denuncia haber firmado documentos bajo engaño y pide asistencia urgente para no ser deportado ni separado de sus seis hijas.
Y si me van a expulsar del país… ¿Qué va a ser de mi familia? Ese es mi miedo”. Con esa frase y una evidente angustia, el ciudadano boliviano Vicente Tomás Mamani Sacaca resumió en una entrevista exclusiva con Bolivia Al Aire TV el drama judicial que atraviesa. A menos de un mes del juicio oral que enfrentará el próximo 1 de octubre en la justicia bonaerense, el acusado solicitó auxilio legal y consular urgente. Tras quedarse sin abogado particular por no poder pagar los honorarios, recurrió a nuestro medio con un objetivo claro: pedir ayuda comunitaria para evitar una condena procesal que derive en su deportación y rompa el vínculo con su familia. «Ya busqué ayuda por todos lados, no tengo el dinero pero nadie me respondió», relató.
El testimonio de Vicente está marcado por esta vulnerabilidad constante. Como padre de seis hijas, explica que hoy sobrevive realizando trabajos informales en albañilería, pintura o costura. La falta de un documento de identidad actualizado y el peso de la causa penal lo mantienen en estado de alerta permanente. «Tengo miedo de salir a la calle. Como no tengo mi documento y con esta causa, capaz donde sea me pregunten y tengo miedo que me expulsen del país», expresó el entrevistado durante la transmisión, dejando en claro que su mayor terror es ir a prisión y dejar a sus hijas en el desamparo.
PUBLICIDAD: Nuestros Artistas TeatroBolivianoEnArgentina
El origen del conflicto y el allanamiento policial (2015)
De acuerdo con las declaraciones de Mamani, el origen de la imputación data del año 2015, cuando se desempeñaba en un taller de costura en la localidad de San Antonio de Padua (Merlo). Él, que enfrenta una grave acusación por aquellos años, sostiene que era únicamente un trabajador mas que cumplía jornadas laborales de hasta 15 horas por un salario de 2.800 pesos mensuales. Según su relato, el conflicto inició durante un festejo del Primero de Mayo, cuando intervino para defender a un compañero al que otro empleado, Gustavo Oruño, intentó obligar a beber. En represalia, Oruño llamó a la policía denunciando malos tratos y privación de la libertad, lo que derivó días después en un violento allanamiento policial que dio inicio al expediente penal.
La denuncia de engaño legal y el contrato de locación
Vicente afirma que el abogado de la dueña del taller, Omar Pereira, lo indujo a firmar un contrato de locación bajo el pretexto de «salvar la casa» del esposo de su empleadora. Mamani sostiene que, mediante ese engaño, figuró en los papeles como co-inquilino del inmueble, un documento que hoy es utilizado para incriminarlo como presunto encargado del taller. «Yo no puse ni un centavo, no tenía nada que ver, ni una aguja era mía», asegura el ciudadano boliviano y agregó, reforzando su rol familiar: “Yo en ese entonces era un padre de tres niñas y tuve que trabajar por ellas”. Además, lamenta que en el juzgado otros trabajadores hayan declarado que él era el encargado, acusación que rechaza firmemente.
Ausencia del país y el descubrimiento de la causa (2016-2023)
En 2016, Vicente viajó a Bolivia con sus hijas tras el fallecimiento de su suegro. La familia regresó a Argentina en 2022, ignorando que la causa judicial seguía abierta y que se había dictado una orden de captura en su contra al ser declarado en rebeldía. En 2023, al intentar tramitar su DNI, descubrió su situación procesal. Según expone, el abogado Pereira le cobró entonces la suma de $500.000 pesos argentinos (medio millón) para levantarle dicha orden de captura.
Abandono de la defensa a días del juicio oral
A pocos días del inicio del juicio, su situación legal es crítica. Según detalló a este medio, el abogado Pereira le exigió recientemente el pago de 4.000 dólares adicionales para defenderlo. Al manifestar que no contaba con ese dinero, el letrado le hizo firmar la revocación del patrocinio.
Hoy, el mayor miedo de Vicente es que un defensor oficial lo obligue a aceptar un juicio abreviado. En su condición de extranjero, aceptar la culpabilidad en un delito penal grave habilitaría automáticamente el proceso de expulsión de Argentina que lo alejaría definitivamente de sus niñas. “La verdad que estoy muy afligido porque el juicio oral empieza el primero de octubre y no falta mucho”, concluyó. Ante este escenario contra reloj, reiteró su llamado a la solidaridad de la comunidad, pidiendo asesoramiento legal idóneo y la rápida intervención del Consulado de Bolivia para salvaguardar sus derechos procesales y proteger a su familia.
La nota contiene imagenes generados con IA a modo ilustrativas del caso
