La Policía de la Ciudad secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas valuadas en 35 millones de pesos. El operativo se realizó en Avellaneda. Las autoridades detectaron un esquema de contrabando que involucraba logística internacional y venta simultánea en internet y local físico.
La Policía de la Ciudad, en coordinación con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), ejecutó un allanamiento en un comercio de la localidad de Avellaneda y secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas de primeras marcas, por un valor estimado de 35 millones de pesos. Según informaron las autoridades, se trató de un cargamento ingresado al país de forma ilegal desde Brasil, con mercadería de origen en China y Vietnam.
El operativo se fundamentó en una investigación de ciberpatrullaje que permitió identificar no solo la operación digital de la empresa involucrada, sino también el emplazamiento físico de su local y uno de los domicilios de los sospechosos.
El dato diferencial surgió de la detección del mecanismo utilizado: la mercadería ingresaba al país a través de una empresa de micros de larga distancia, punto clave en el trazado de la logística del contrabando. Todas las evidencias colectadas fueron puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 y de la Secretaría N°4, responsables formales de la causa.
Durante la intervención, los agentes secuestraron no solo el calzado, sino también dos dispositivos posnet, una notebook y documentación considerada de interés. Las zapatillas incautadas simulaban ser de principales marcas internacionales y carecían de respaldo legal sobre su procedencia, infringiendo de manera directa la Ley de Marcas vigente en Argentina.
La actuación en la vivienda del principal imputado permitió el decomiso de un celular y una libreta con anotaciones vinculadas a la operativa comercial del grupo, materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la amplitud de la organización y la potencial red de distribución dentro del país.
El avance judicial fue encabezado por el juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes avalaron la ejecución simultánea de los dos procedimientos en territorio bonaerense, articulando colaboración entre la Policía de la Ciudad, personal de Aduana y las unidades de investigación técnica.
El pedido de documentación a la empresa de micros de larga distancia representa una vía estratégica para trazar el circuito internacional del contrabando, ya que los registros de viajes pueden revelar la magnitud de la red, posibles operadores adicionales y eventuales responsables internos en el sector del transporte.
Qué dice la Ley de Marcas
La Ley Nº 22.362 establece el marco legal para la protección y el registro de marcas en Argentina. Esta norma, sancionada en 1980, regula el modo en que personas y empresas pueden distinguir productos y servicios a través de signos identificatorios. Según lo dispuesto, la propiedad sobre una marca y su uso exclusivo surgen únicamente a partir del registro oficial ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).
El texto legal considera marca a cualquier signo con capacidad distintiva, incluyendo palabras, dibujos, emblemas, combinaciones de colores, envases, letras, números, frases publicitarias y otros elementos gráficos. No pueden registrarse aquellos signos que designan de manera habitual o necesaria el producto o servicio, ni los que resultan descriptivos, genéricos o que hayan pasado al uso general antes de la solicitud. Tampoco se aceptan formas, colores naturales, marcas idénticas o similares a otras ya registradas, denominaciones de origen, ni aquellas susceptibles de generar confusión o engaño respecto de la naturaleza, calidad, origen o precio de los bienes y servicios.
La exclusividad de uso se obtiene únicamente con el registro, que tiene una vigencia de diez años y puede renovarse indefinidamente si la marca ha sido utilizada en los cinco años precedentes a cada vencimiento. El derecho de prelación corresponde a quien primero presenta la solicitud, y es posible la titularidad conjunta de una marca si así lo solicitan varias personas.
En materia penal, la norma sanciona con prisión de tres meses a dos años y multas de hasta ciento cincuenta millones de pesos a quienes falsifiquen, imiten o utilicen indebidamente marcas registradas o designaciones protegidas. El titular damnificado puede solicitar el comiso, venta o destrucción de los elementos en infracción, así como medidas cautelares como el embargo o secuestro preventivo de mercadería. El derecho a reclamos civiles prescribe a los tres años de la infracción o al año de haberse tenido conocimiento de la misma.
FUENTES: Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 – INFOBAE
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